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Cada 22 de marzo, el mundo conmemora el Día Mundial del Agua con el fin de visibilizar una realidad alarmante: más de 2.200 millones de personas carecen de acceso seguro al agua potable, y cerca de 1.000 niños y niñas mueren cada día por enfermedades prevenibles asociadas al consumo de agua contaminada y a la falta de saneamiento (UNICEF, 2023).
Más allá de las cifras, esta crisis revela una profunda injusticia: el acceso al agua, derecho humano fundamental, sigue siendo un privilegio para muchos y una deuda para millones personas.
Desde un análisis de las capacidades humanas (Mondragon 2023), la escasez y desigual distribución del agua no se asume solo como carencia de recursos, sino como una restricción a las libertades reales de las personas para llevar vidas que valoran. No tener acceso a agua limpia afecta directamente a capacidades esenciales como vivir con salud, aprender, trabajar dignamente, y participar activamente en la sociedad. Así, la problemática del agua se convierte en una privación multidimensional de oportunidades, que perpetúa ciclos de pobreza y exclusión.
Este análisis se enriquece si incorporamos una mirada interseccional, entendiendo que los impactos de la crisis hídrica no se distribuyen de manera homogénea. Las comunidades rurales, las poblaciones indígenas, y especialmente las mujeres y niñas, enfrentan las consecuencias más severas.
En muchas regiones del mundo, son ellas quienes cargan con la responsabilidad del abastecimiento del agua, recorriendo largas distancias diariamente, lo que limita su tiempo para estudiar, trabajar o incluso descansar. Esta sobrecarga no solo vulnera su salud física y emocional, sino que restringe profundamente su autonomía y su capacidad de desarrollo. Realmente las mujeres y las niñas soportan la mayor carga de la crisis mundial del agua.[1]
En países como Perú, estas desigualdades se acentúan: mientras en zonas urbanas más del 90% de la población accede al agua potable, en zonas rurales y amazónicas ese número puede descender al 65% o menos (INEI, 2023) Esta brecha refleja una forma estructural de exclusión que no puede ser abordada solo desde la infraestructura, sino también desde la justicia social, la equidad de género y la acción climática.
En este Día Mundial del Agua, más que celebrar, urge reivindicar el acceso universal al agua como un imperativo ético, político y humano. Garantizar este derecho es, en el fondo, ampliar las capacidades reales de millones de personas para vivir con dignidad. Porque el agua no es solo un recurso: es vida, es libertad y es justicia.
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