La nueva migración: de la escuela privada a la pública

Nuevamente se pone a prueba al sector que se encuentra en plena adaptación ante la pandemia (Escribe: Jhon Gamarra Arellano [1])

Fuente de la imagen: supuestonegado.com

Uno de los efectos más duros que empiezan a vivir miles de familias en el país es la reducción drástica de sus ingresos, a causa de la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)[2] se estima que el 20.5% de la población se encuentra en situación de pobreza, y que el 64.3% de la población en edad de trabajar y que en este momento cuenta con un empleo (Población Económicamente Activa ocupada – PEA ocupada) lo hace en empresas que cuentan con menos de diez trabajadores.

El bajo ingreso familiar mensual promedio – que en personas con más de 25 años[3] bordea los S/ 1,720 – y la poca cultura de ahorro – solo el 46.1% de la PEA ocupada tiene alguna tarjeta de ahorro[4]– forman una penosa combinación que obliga a muchos padres y madres a tomar decisiones y evaluar su actual posición a fin de poder sobrellevar su economía post COVID-19.

Muchas familias optaron por que sus hijos estudien en escuelas privadas al considerar que la calidad en la educación pública era deficiente. Con este nuevo panorama se asoma entre las alternativas de ajuste de las familias la posibilidad del traslado de sus hijos a escuelas públicas. La educación básica en el Perú alberga a más de 8 millones 24 mil estudiantes a nivel nacional, de los cuales el 26% estudia en escuelas privadas.[5] ¿Estará el Ministerio de Educación preparado para recibir a parte de esta población en el sistema educativo público?

Nuevamente se pone a prueba al sector que se encuentra en plena adaptación ante la pandemia. No solo se trata de presupuesto, sino de diseñar una estrategia efectiva que garantice cobertura y calidad educativa para no perder en este flanco. Actualmente, los retos en agenda se encuentran en la ruralidad dispersa, con las familias pobres extremas, con los pueblos indígenas, con las personas con necesidades educativas especiales, y en los grupos poblacionales que por diversas causas no pueden acceder a “Aprendo en casa”.

Por otra parte, no hay que quitar el ojo de las familias de clase media que, a pesar de ver golpeadas su economía y estilo de vida, vienen pagando tributos para cubrir servicios públicos de los que no gozan. Hoy le corresponde al Estado estar a la altura y también ver por ellos.

[1] Especialista en infancia y adolescencia y en gestión pública. Ha laborado para el Estado en los sectores protección social e interculturalidad. Actualmente labora para el sector educación. [2] Fuente: INEI-Mapa de Pobreza Monetaria Provincial y Distrital, 2018. [3] Edad promedio a partir de la cual las personas empiezan a formar sus familias. [4] Fuente: INEI-ENAHO, 2019. [5] Fuente: Censo Educativo. Ministerio de Educación.